A DOS AÑOS DE LA TRAGEDIA DE AYOTZINAPA EL GOBIERNO SIN NOVEDAD / 590
Guillermo Orozco Rodríguez
“Si una cosa nos explica bien la historia, es en qué consisten los malos gobiernos”.
Thomas Jefferson
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, independientemente del acto de barbarie que significó el hecho, sigue reavivando la discusión sobre las Escuelas Normales Rurales.
Como Bastiones de la estrategia educativa en México a principios del siglo XX y partícipes del proyecto de la escuela rural mexicana, hoy luchan por su supervivencia, aún más que el resto de instituciones formadoras de docentes,las que también están en serio peligro.
Las Escuelas Normales Rurales son ejemplo histórico del olvido y la inaniciónque ha sufrido por décadas este modelo de educación, que de no ser por el sonado caso de Iguala acontecido hace dos años, de seguro ya hubieran sido liquidadas.
Estos planteles son una de las pocas vías que tienen los jóvenes campesinos a aspirar a un mejor nivel económico y social, pues al lograr el ingreso a una de ellas garantizan educación, hospedaje, alimentación y posteriormente con suerte, a un trabajo calificado.
Es necesario para contrarrestar la crisis del normalismo rural y como una de las muchas estrategias de defensa, desmentir la versión de que en ellas sólo impera el activismo político y que son un nido de guerrilleros.
Desde su creación en 1922, cuando se funda el primer plantel de este tipo en Tacámbaro; Michoacán, el mayor número que llegó a existir fue sólo de 36, esto durante el sexenio cardenista. Pero el abandono de gobiernos posteriores que no suministraron recursos a estas instituciones, además de las continuas agresiones de las que han sido objeto desde su creación, provocó que muchas desaparecieran.
Después del golpe al normalismo rural, perpetrado durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, sólo sobrevivieron 15 de estos planteles, aunque en el sexenio de Luis Echeverría se logró la creación de otras dos instituciones a base de una exigencia estudiantil y popular. Estas fueron la Normal de Amilcingo en Morelos el año de 1974 y la Normal de San José de las Flores en Tamaulipas el año de 1976.
Posteriormente, se asesta otro golpe a estas instituciones durante los gobiernos panistas, en 2003 desaparece el sistema de internado y por ende las becas de los estudiantes, en la normal de Mactumatzá; Chiapas y en 2008 la cancelación definitiva de la emblemática Normal del Mexe; Hidalgo, por lo que actualmente sólo funcionan 16de ellas,mismas que luchan por sobrevivir, desafortunadamente las circunstancias descritas han propiciado que la demanda de ingreso y por consecuencia la matrícula disminuyan considerablemente.
Las Normales Rurales, son también víctimas de la mal llamada reforma educativa,que ha tratado de implantar sin éxito este gobierno neoliberal, que funciona en base a ocurrencias o a mandatos de organismos internacionales.
El presente régimen estableció la evaluación para lograr el ingreso de nuevos profesionistas a un terreno que antes era dominado por los normalistas, a través de una plaza que le era entregada a los egresados mediante asignación automática, evaluación que se aplica a pesar de que la certificación de estudios en el sistema de educación normal, los acredita para ejercer la profesión de docentes.
Respecto a Ayotzinapa, se habla mucho de la supuesta impunidad y vandalismo con la que actúan los estudiantes (toma de autobuses, quema de instalaciones de dependencias públicas, bloqueos a carreteras, etc.), pero también hay hablar de toda la impunidad con la que han actuado los gobiernos de la entidad, sin importar su partido de origen o el que los postuló y el pisoteo a los derechos de los estudiantes más pobres, aquí se incluye la omisión y complicidad del gobierno federal, lo que se demuestra durante estos dos años. Estas acciones de lucha por sobrevivir, no las realiza sólo la Normal de Ayotzinapa, es una constante de todas las Normales Rurales que quedan en el país, es una lucha por su existencia.
El 26 de septiembre de 2016, a dos año de la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, las familias de los 43 jóvenesdesaparecidos,miran cada vez más lejana la posibilidad de que un día se aclaren los hechosy menos cuando el pasado 14 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto nombró Secretario del Consejo de Seguridad Nacional al principal investigador del caso,que fue uno de los funcionarios más cuestionados y en quienes ellos menos creen, por su pobre desempeño en el caso: Tomás Zerón de Lucio.
Zerón fue desde 2013 y hasta el jueves pasado director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) y tuvo en sus manos uno de los mayores retos en materia de justicia de la administración de Peña: averiguar qué fue lo que pasó antes, después y durante la noche del 26 de septiembre, en que un grupo del narcotráfico y la policía de la ciudad de Iguala; Guerrero, raptaran a los estudiantes.
La conclusión a la que llegó, tras varios meses, no convenció a los familiares de las víctimas, que jamás creyeron que los muchachos fueron incineradosen un basurero del municipio de Cocula y luego arrojados al Río San Juan.
Las Normales Rurales pueden tener muchos defectos y debe replantearse su forma de funcionamiento, pero no se puede ocultar que está comprobado, que sus egresados proporcionan servicio educativo a la niñez más pobre de entre los pobres de este país, con lo que se justifica que a pesar de la forma en que se les difama, deben seguir existiendo, porque los maestros que de ahí egresan, son los únicos dispuestos a trabajar en condiciones que no son las más idóneas.
Muchos de los maestros de las Normales Rurales viven en las mismas condiciones de marginación y pobreza que sus alumnos y de los pobladores de esas pequeñas y aisladas comunidades donde imparten sus clases.
A lo largo de dos años en que los padres de los desaparecidos y grandes sectores de la sociedad mexicana han luchado contra el vacío, contra la mentira, contra la indiferencia y la impunidad, la obligación del gobierno federal, no sólo es esclarecer lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, su obligación debe extenderse a la entrega de los más de 28 000 desaparecidos o no localizables dentro de su sexenio.
Ya basta de que se siga exhibiendo la inoperancia de las instituciones y de un régimen que está completamente desprestigiado ante sus gobernados y en el que ya nadie cree.
Guillermo Orozco Rodríguez. 26-IX-2016