viernes, 8 de enero de 2016

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar….

Guillermo Orozco

Resultado de imagen para AGRESION DE PENSIONADOS EN VERACRUZ

 “La corrupción y deshonestidad lleva infinitos disfraces”.  Frank Herbert.
En esta primera colaboración del año 2016, deseamos a todos los maestros de nuestro Estado que han estado luchando con tenacidad y con actitudes contagiantes, que después de este merecido receso de vacaciones de invierno retomen nuevos bríos para enfrentar las dificultades que seguirán presentes por parte de las autoridades neoliberales que seguirán insistiendo en implementar la mal llamada Reforma Educativa.
Hay que seguir  invitando compañeros para que se sumen a este gran esfuerzo que es de todos, va en ello el futuro del magisterio y  el evitar que se siga afectando laboralmente a un gremio que merece el reconocimiento de toda la sociedad.

El gobierno de Coahuila anunció y festinó la construcción del cuartel militar más grande del estado para este 2016, el mismo se ubicará en San Pedro sobre una superficie de 300 hectáreas y tendrá un costo de 500 millones de pesos.  Este proyecto va a ser la sede de una brigada militar con más de 3 000 efectivos del Ejército Mexicano.

Eso significa en la pobre óptica del mandatario estatal que tiene más prioridad la construcción de cuarteles que el equipamiento y la construcción de escuelas.

Así se las gasta el gobierno de nuestro sufrido Estado, una administración  inmoral  que en lugar de tener sentido social  se dedica  más al rubro de la recaudación,  con un ingenio y cinismo tal que día con día se inventan nuevas formas impositivas que tienen  a la ciudadanía sujeta a un terrorismo de contribuciones en donde los sufridos coahuilenses ya no sentimos lo duro, sino lo tupido.

Promesas incumplidas, como la eliminación de la tenencia, impuestos y multas producto de mentes perversas que quieren desesperadamente salir del déficit vergonzoso de una deuda de 36 000 millones de pesos heredada por el sexenio estatal anterior, que además es el único en la historia moderna de este país en que el poder se transmitió de un hermano a otro.

Ahora a las dependencias estatales y municipales como Recaudación de Rentas y Simas, se les ha dado por aumentar arbitrariamente el monto de los impuestos en el caso de la primera dependencia,   el cobro exagerado  por servicio en el caso de la segunda, para que los usuarios vayan a quejarse ante las mismas y lograr algunos pequeños descuentos, tratando de dejar en la percepción ciudadana  la idea de que fueron ayudados por los funcionarios que atienden las mismas, cuando lo correcto sería que hubiese honestidad al momento de tabular las cifras de los recibos a pagar y emitirlos sólo por las cantidades reales.   
Así se las gastan los gobernantes estatales en muchas de las entidades federativas de nuestro, país y creo que los honrosos primeros lugares corresponden a Coahuila y Veracruz.

En este último elementos de la Fuerza Civil y  la Policía Estatal Acreditable replegaron mediante el uso de la fuerza a un centenar de pensionados y jubilados que por tres días consecutivos bloquearon diversas calles del centro histórico de Xalapa, para exigir al gobierno de Javier Duarte el pago de sus prestaciones, retroactivo salarial, aguinaldo  y el mes de  diciembre.
La protesta hizo crisis el 22 de diciembre en que a punta de toletazos y descargas eléctricas se armó un operativo para dispersar a los pensionados, mismo que fue dirigido a distancia por el director de la Fuerza Civil, Roberto Meza, quien iba sin uniforme para evitar los cuestionamientos de la prensa, sin importar que las imágenes de la agresión hayan  circulado por todo el mundo.
Aunque el gobierno de Duarte presumió en un comunicado y en redes sociales que ya había depositado 890 millones de pesos “más” al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) a fin de cubrir –dijo- los compromisos por concepto de pensiones y jubilaciones, así como las prestaciones correspondientes al fin de año; en las calles, un centenar de pensionados seguían reclamando sus recursos, lo más grave es que se sospecha que la falta de recursos es por el saqueo que se le ha hecho al IPE para usar el dinero en otros rubros, principalmente para campañas electorales.

Paradójicamente el mismo día de la agresión del gobierno veracruzano a sus pensionados, en Coahuila se aprobó por unanimidad  la nueva Ley de Pensiones para los Trabajadores de la Educación, ya que según el gobierno  el proyecto ya era obsoleto como tal.
José María Fraustro Siller, presidente del Congreso en la entidad, recordó que se trata de una reforma discutida en todos los ámbitos, donde se realizaron foros y se hicieron  importantes modificaciones.
Para el 2016, la edad mínima para jubilación será de 55 años; mientras que en el 2017 y 2018, 56; 2019 y 2020, 57; en el 2021 y 2022, 58; en el 2023 y 2024, 59, y del 2025 en adelante, la edad mínima serán los 60 años cumplidos.
El problema de los Institutos de pensiones en los estados no estriba en que los trabajadores no coticen, sino en la forma deshonesta en que se  utilizan los recursos y la desviación que de ellos se hace, incluso hasta para utilizarlos en campañas electorales.
Es por eso que se dice,  que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar, aunque Veracruz no sea un Estado vecino, las prácticas políticas que ahí imperan y el estilo del gobernador  tiene mucha similitud con el del  Estado de Coahuila.  
 Los trabajadores en activo que cotizan para el Instituto y los pensionados son los que tienen la palabra.



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