“Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”.
Mahatma Gandhi
Los gobernantes no se cansan de repetir: “nadie por encima de la ley”, “aplicaremos todo el peso de la ley”, “actuaremos con la ley en la mano”,“debemos vivir bajo el imperio de la ley”.
La historia demuestra que si bien las clases rectoras entienden la teoría y el significado último de la ley, lo desestiman con cínica indiferencia y en el mejor de los casos transforman su espíritu en bandera política. Con demagógico entusiasmo, el poder legislativo y el poder ejecutivo hablan de la ley, la defienden en el discurso con vehemencia, se envuelven en la bandera de la legalidad pero son incapaces de observarla.
La aplicación de la ley en México se basa en la discrecionalidad. Su aplicación a modo de la clase en el poder sólo han servido para ejecutar venganzas personales, cumplir los caprichos del poder y para perseguir adversarios incómodos, además en el presente régimen neoliberal para crear un ambiente de intimidación a todo tipo de protesta.
Nadie puede discutir que la aplicación de la ley no solo es fundamental para que el País se rija con absoluto estado de derecho, sin embargo, de nuevo, tal como ha sido el aberrante proceder del Peñismo, esos conceptos que se convierten en falsos discurso de legalidad sirven para derrumbar resistencias incómodas con la taladrante y falsa premisa del imperio de la ley.
Avalados por otro poder que en la teoría de la división de poderes debe ser independiente y autónomo, los gobernantes y los encumbrados en el poder manipulan las leyes, pues los ministros de la suprema corte se vuelven dueños de la interpretación de las leyes. Pueden dictarla a su libre arbitrio o dictarlas de acuerdo a cómo se los ordenen, pueden hacer lo que les venga en gana sin temor a sanción alguna, pues al igual que los miembros del poder legislativo también gozan de fuero.
En estos momentos no es exagerado afirmar que hay una justicia para pobres y otra para ricos, una legislación para ciudadanos que se inconforman y luchan y otra para la clase en el poder. Hay un doble rasero que propicia la inseguridad jurídica, que deja a los ciudadanos en un estado de indefensión y le resta credibilidad a las instituciones y a los gobernantes.
Resulta una aberración que cuatro dirigentes magisteriales del Estado de Oaxaca hayan caído de un solo golpe acusados de robo, motín, toma de instalaciones estratégicas, actos de vandalismo contra instalaciones militares, robo de libros de texto gratuitosy daños a propiedad ajena, mientras los que se enriquecen a costa de la pobreza del pueblo gocen de todos los privilegios posibles.
Quienes conocen de cerca el gremio magisterial, saben que son mayores los delitos en que incurren los líderes de la cúpula del SNTE, que los maestros opositores de las secciones de Oaxaca y Michoacán, saben que Juan Díaz de la Torre vivió mucho tiempo bajo el amparo del poder de la lideresa del SNTE avalando el saque de los recursos de esa organización.
Incluso el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo Morales es otro ejemplo de esa interpretación facciosa del llamado imperio de la ley, pues su encarcelamiento es una venganza política a quien en su momento fue eficaz colaboradora de los gobiernos panistas.
La mano dura contra los maestros que piensan y se movilizan solo puede entenderse como una maniobra del Gobierno Federal para abrirle paso a la reforma educativa, y para lograrlo, tuvo que invadir la autonomía sindical del SNTE e imponer a Juan Díaz de la Torre y hacerlo promotor de la reforma entre los maestros del País, pues de no hacerlo seguiría los mismos pasos que su antigua jefa.
La Reforma educativa no debe ser un acto intimidatorio ni de mano dura, insisto debe tomar en cuenta la experiencia de los expertos en temas educativos, que son los maestros de otra manera su destino es el fracaso, hacer creer que los que piensan diferente a los tecnócratas incrustados en la SEP son delincuentes es un error y sólo cavará la tumba del proyecto de la reforma laboral disfrazada de educativa.
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